El gobierno del Presidente Néstor Kirchner, en materia de radiodifusión, no apoya al cooperativismo.
Los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, tampoco apoyaron al sector en ese tema.
Los tiranos Viola y Galtieri –que usurparon el poder a sangre y fuego–, por supuesto tampoco.
Esta es una verdad incontrastable.
Los poderes ejecutivos en los sistemas democráticos occidentales, “hablan” por sus actos, por sus resoluciones; en definitiva, por su gestión cotidiana de gobierno.
De la misma manera, los jueces, si son independientes, se expresan por sus sentencias y los legisladores, por sus leyes. Así funciona el sistema republicano y esto no admite discusión. De lo contrario, no hay República.
Quien ejerce el poder no debe ser juzgado por sus discursos, por sus intenciones o deseos. Los actos son la única realidad.
Por eso, definir que el actual Gobierno Nacional, en materia de radiodifusión no apoya al cooperativismo, no es una definición opositora de nuestra parte (que por otra parte no somos ni oficialistas ni opositores), sino un dato de la realidad cotidiana, que aunque nos duela cada día, debe ser aceptada por todos los miembros de nuestro extenso Movimiento. Partir de allí, nos ayudará a encontrar mecanismos de acción.
El Gobierno Nacional, en materia de radiodifusión, se expresa a través de un organismo que depende muy directamente de la Presidencia, el Comfer, y esta dependencia del Ejecutivo, desde 1980, cuando estaba ocupada por hombres de gorra llevar, hasta hoy, se ha expresado inalterablemente a través de actos jurídicos, administrativos y políticos que fueron muy claros en manifestar su oposición al cooperativismo. Algunos fueron más brutales, otros inquilinos de la calle Suipacha 765 intentaron algunos caminos más favorables a las entidades solidarias. Pero todos consiguieron el mismo resultado: no entran las cooperativas, ni ninguna entidad sin fines de lucro a prestar radiodifusión, y el Comfer les cuida las espaldas (y los negocios) a las empresas lucrativas que obtuvieron su licencia.
Viola lo impuso y todos los que siguieron lo apoyaron, inclusive el actual gobierno. Esa es la realidad. Quien la niegue debería demostrar cuántas cooperativas o mutuales tienen en la actualidad licencias para brindar servicios de cable.
Y hoy el Comfer ha dictado una nueva prórroga para vender pliegos para estos servicios, la número 1242, que esta vez va más allá de las anteriores, pues prorroga esa venta sin plazo. Sujeta la finalización de dicho período de interdicción al acto administrativo que dictará (eventualmente) al final de un proceso de consulta sobre un proyecto de reglamento que pone a la consideración de los interesados. Y abre un “censo de personas jurídicas prestadoras de servicios públicos” que deseen solicitar licencias para servicios complementarios.
¿Qué puede esperar el cooperativismo argentino de este Comfer?
Creemos que muy poco. Fue este mismo organismo el que defendió a ultranza el anterior artículo 45, tal como estaba redactado en todos los juicios que el cooperativismo realizó; fue el organismo que propició que Senadores aprobara un proyecto de modificación sumamente restrictivo al sector cooperativo y básicamente, al de servicios públicos; fue el que apoyó la modificación inconstitucional por el Senado del proyecto que devolvió Diputados. Fue el que hace tres años viene defendiéndoles el mercado a los actuales operadores…
Sin embargo, nuestra actitud frente a los actos de gobierno debe ser racional y enmarcada en una estrategia de largo plazo, que defienda lo único que como sector nos puede interesar: el bien común basado en la diversidad y la solidaridad social. No debemos ni “hacer la plancha”, ni “vociferar discursos encendidos sin encarar acciones concretas”.
Creemos que ésta es una buena oportunidad para incidir activamente en las políticas del Gobierno Nacional. Eso no quiere decir que debamos confiar en quienes no nos merecen confianza por los actos adoptados. Es una acción más en el largo camino de lucha contra la discriminación, como fueron los juicios que supimos encarar en el pasado reciente y que terminaron en el famoso fallo de la Corte Suprema de la Nación, que fue la única causa por la cual hoy hay otra ley y el Comfer llama desesperado a este censo dilatorio.
Debemos participar en el censo; pero no una minoría, todas las cooperativas argentinas que deseen brindar servicios deben inscribirse. También debemos hacer de ese acto una campaña de difusión sobre nuestros derechos como sujetos aptos para brindar radiodifusión. No seremos nosotros quienes nos limitaremos a inscribirnos si en nuestra localidad hay otro prestador. Debemos incluir el tema en cuanta Asamblea se realice, debemos hablar en nuestros boletines de ello, debemos recolectar firmas de nuestros socios y de los vecinos en general, debemos obtener el apoyo de intendentes, concejales y legisladores. De las maestras, de los religiosos, de los empresarios, de los políticos de todos los partidos… En definitiva, debemos llevar el tema al Soberano y engrosar con sus reclamos el expediente que abrió el Comfer para ganar tiempo y seguir defendiendo a sus amigos. A lo único que los políticos le temen es al Soberano en acción. Y pronto habrá elecciones…