“De acuerdo a la ley de la dictadura y lo que nosotros proponemos para la ley de la democracia, ningún funcionario público ni ningún representante del pueblo en el Congreso puede ser dueño de medios de comunicación”, dijo el interventor en el COMFER el 18 de junio en referencia al diputado del peronismo disidente, que controla parte del paquete accionario de varias licenciatarias de servicios de radiodifusión.
“Existen presiones para defender el statu quo, y que nada cambie, de parte de aquellos que tienen posiciones dominantes en el mercado y que son dueños de medios, y por otro lado, un Ejecutivo con firmeza y una ciudadanía que participa, y eso es una tensión”, agregó. “De acuerdo a la ley de la dictadura y lo que nosotros proponemos para la ley de la democracia, ningún funcionario público ni ningún representante del pueblo en el Congreso puede ser dueño de medios de comunicación”, explicó.
“En la nueva Ley de Radiodifusión debería tratarse cuál es el vínculo entre un funcionario y un medio de comunicación. Hoy no está reglado y por eso no viola la ley. Pero sí entiendo que hay un conflicto de intereses”, dijo De Narváez en una entrevista concedida al periódico Crítica del Argentina días atrás.
“Es lo contrario, una ley que garantiza diversidad, pluralidad, y que se ajusta a los principios de derechos humanos de las organizaciones internacionales, y acorde a la más moderna legislación extranjera”, concluyó.