El gobierno, en una acertada lectura de los resultados del acto eleccionario, ha mostrado voluntad de promover el diálogo político, social y económico.
En materia laboral, se ha planteado como uno de los primeros temas a abordar un nuevo ajuste sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil. ¿Es ésta una cuestión prioritaria a la luz del deterioro que se viene observando en los indicadores laborales? Frente a este interrogante resulta pertinente evaluar el nivel actual del salario mínimo y compararlo con otros países.

Según datos de la OECD y del Ministerio de Economía se puede observar que:
• Entre los países desarrollados de la OECD, el salario mínimo legal representa en promedio el 37% del salario promedio de la economía.
• Los países donde el salario mínimo es relativamente más alto son Nueva Zelanda y Francia, donde representa el 50% del salario promedio, y el más bajo es EEUU, donde el salario mínimo legal representa el 25% del salario promedio.
• En Argentina, el salario mínimo legal representa el 62% del salario promedio.

Los datos muestran que la Argentina tiene un nivel de salario mínimo legal que en términos relativos casi duplica al salario mínimo de los países desarrollados. Incluso es mucho más alto que países con una fuerte vocación igualitaria, como es el caso de Francia. Sin embargo, es casi trivial afirmar que los niveles de deterioro social, pobreza y exclusión son mucho más altos en Argentina. Claramente, el salario mínimo legal no garantiza desarrollo social.

Para entender la paradoja del salario mínimo más alto que los países avanzados y niveles de vida e integración social propios de un país subdesarrollado, hay que considerar la fuerte incidencia de la informalidad laboral. Aproximadamente la mitad de los ocupados trabaja en el sector formal con un salario promedio de aproximadamente $3.000 mensuales. Para estos, el mínimo legal de $1.240 representa un 40% del salario promedio. Pero la otra mitad de los ocupados trabaja en el sector informal, como asalariados “en negro” y cuentapropistas no profesionales. El nivel promedio de remuneraciones de este segmento está por debajo del salario mínimo legal.

En un contexto de masiva presencia de trabajo informal, el Salario Mínimo, Vital y Móvil es inútil como herramienta de progreso social. Por el contrario, si honestamente se quiere apoyar a los segmentos sociales en mayor estado de vulnerabilidad, en lugar de seguir adoptando medidas que los discriminan –dado que los aumentos de salario mínimo legal, en los hechos, no los beneficia– es vital generar estrategias que ayuden a mejorar su productividad y sus posibilidades de incorporarse al circuito formal de la economía. Esto implica una agenda mucho más creativa e innovadora que repetir fracasos insistiendo con ajustes sobre el salario mínimo legal.

El camino para que el diálogo sea conducente hacia dividendos sociales importantes va en la dirección opuesta. En lugar de seguir acumulando normas voluntaristas (como los aumentos de Salario Mínimo, Vital y Móvil) o que agregan burocracia (como el registro de empleadores de la Ciudad de Buenos Aires), es necesario discutir y adoptar una agenda estratégica que lleve a aumentos sostenidos de productividad que es la única fuente genuina de incrementos de salario real y progreso social.
Fuente: Idesa